Publicado por el diario PERU.21, el viernes 15 de octubre del 2010.
El IPYS califica como “despropósito” y “aberración” la propuesta para multar a los medios que difundan audios ‘chuponeados’. Uceda dice que proyecto refleja poco entendimiento de una prensa libre.
Por: Fidel Carrillo
Le llueven críticas. La controvertida propuesta del congresista Walter Menchola para aplicar una millonaria multa a los medios de comunicación que difundan conversaciones grabadas ilícitamente –conocida como proyecto mordaza– mereció severos calificativos de instituciones especializadas y parlamentarios consultados por Perú.21.
El director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Ricardo Uceda, enfatizó que el planteamiento es un “despropósito” y una “aberración” y advirtió que se trata de un intento de censura previa. Según indicó, cada medio debe asumir la responsabilidad de lo que publica y atenerse a las consecuencias. “Ese es el marco de la libertad de expresión que debe ser defendido”, aseveró.
“Los diversos gremios que ya hemos defendido la libertad de expresión en varias jornadas nos opondremos a esta iniciativa”, advirtió Uceda. El miércoles último, el Consejo de la Prensa Peruana también expresó su firme rechazo a este planteamiento.
En tanto, el congresista Víctor Andrés García Belaunde (Alianza Parlamentaria) afirmó que los medios de comunicación deben autorregularse y subrayó que el intento por amordazar a la prensa es “absurdo”. Sostuvo que la iniciativa buscaría “devolver el golpe” por la reciente difusión de los audios privados de Lourdes Flores Nano.
Igual de crítico fue el vicepresidente de la Comisión de Constitución, Édgar Reymundo (Bloque Popular), quien dijo que Menchola es “la caja de resonancia” del líder de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda, que está “poniendo el parche” ante eventuales grabaciones ilegales en la campaña presidencial.
Advirtió que pedir permiso al juez para difundir un diálogo producto de interceptación telefónica –como lo plantea la iniciativa– desnaturaliza la esencia de la libertad de expresión. “Con ese pensamiento nunca se hubieran descubierto los “petroaudios’, ni hubiera caído el montesinismo”, comentó.
Mientras, Menchola defendió su propuesta y anunció que la multa incluirá a las páginas de Internet como Youtube. Según precisó, los responsables serían identificados mediante las huellas informáticas.
CÁRCEL. Poniéndose en la acera de Menchola y también en respuesta a los llamados ‘potoaudios’, la bancada de Unidad Nacional –a iniciativa de Javier Bedoya– presentó un proyecto de ley para castigar con cárcel de 2 a 4 años a quienes difundan una comunicación privada.
La propuesta libra de responsabilidad la emisión de conversaciones delictivas “perseguibles por acción penal”. Sin embargo, el peligro de censura se mantiene pues no se define qué es privado y qué no.
