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miércoles, 21 de abril de 2010

PRENSA: CRISIS Y CRISIS MORAL


Un estudio de Paul Starr lanza desde su título la voz de alarma: “Goodbye to the Age of Newspapers (hello to a New Era of Corruption (Adiós a la Era de los Diarios. Aquí llega una nueva Era de Corrupción).

Starr es profesor de Comunicaciones y Asuntos Públicos en la Escuela Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton, y su trabajo se refiere a la crisis económica que afecta a la prensa en Estados Unidos y que amenaza con aumentar el nivel de corrupción pública en ese país.

Sobre los problemas económicos, señala: “La devastación es ya sustancial. En Los Ángeles Times, el efecto acumulativo de los recortes ha sido reducir a la mitad su redacción, y eso fue antes de que su matriz, Tribune, se declarara en bancarrota. Otra compañía que se ha desplomado por las deudas, la cadena MacClatchy, que incluye The Sacramento, The Miami Herald y 28 otros diarios, despidió un cuarto de su personal el año pasado, y, de acuerdo a un ejecutivo, la redacción está ahora ‘cerca del hueso’”.

La causa es la baja en la circulación y el avisaje.

Luego viene la otra amenaza: “El peligro de una cobertura noticiosa reducida es la integridad del gobierno”, expresa Starr. No es proposición especulativa que la corrupción puede florecer cuando los que están en el poder tienen menos razón para temer denuncias. El Banco Mundial produce un índice anual de la corrupción política en el mundo, basado en sondeos a la gente que realiza negocios en cada país. En un estudio publicado en The Journal of Law, Economics, and Organization, Alicia Adsera, Carles Boix y Mark Payne examinan la relación entre corrupción y ‘la libre circulación de diarios por persona’… ellos encuentran una fuerte asociación: cuanto más baja la libre circulación de diarios de un país, más alto es el índice de corrupción”.

Starr precisa que cuando eran financieramente fuertes, los diarios eran capaces de invertir no sólo en proyectos de investigación de largo plazo, sino también de mantenerse firmes contra la presión de políticos y empresas que buscan suprimir informaciones desfavorables.

Starr se refiere a crisis y sumisión de la prensa en Estados Unidos. Si hubiese sabido lo que ocurre en países como el Perú, hubiera ampliado su desazón.

Hace meses comentamos el libro El precio del silencio, publicado en Nueva York, el 2008, por el Open Society Institute. Ahí se recorren diversas formas de censura indirecta ejercida por gobiernos en América Latina. Una de ellas es la publicidad que el Estado paga, no para servir el interés público, sino para comprar la línea editorial.

Quien recorre espacios periodísticos de prensa, radio y televisión en el Perú sabe que en casi todos suena la misma voz, la voz del amo. En estos días suele ser la voz de Jorge del Castillo.

Publica: La Primera (21/04/2010)

viernes, 16 de abril de 2010

CLAUSURA MASIVA DE RADIOS INDEPENDIENTES EN PROVINCIAS

El presidente de la Comisión de Transportes, Juvenal Silva, reveló ayer a LA PRIMERA que el cierre de 80 radios (FM) en Bagua, Barranca, Cajamarca, Cañete, Cusco, Chiclayo, Huancayo, Puno, Urubamba y Tacna, entre otras regiones, se debería a cuestiones políticas y no administrativas.

-¿Qué le han informado los propietarios y los periodistas que han denunciado el cierre de sus radios?
-Aseguran que por una cuestión administrativa no se justifica el cierre y, por eso, la comisión de Transportes ha citado para el martes 13 al ministro de Transportes, Enrique Cornejo. Él debe explicarlo.

-¿Entonces el problema administrativo no es el tema de fondo”?
-Indudablemente creo que es hasta una cuestión política que tiene que ver con la libertad de expresión.

-En el mundo, el cierre de medios de comunicación es un problema.
-Es más, si se cierra una radio o una televisora en otros países, eso genera un escándalo total, no sólo nacional sino internacional.

-Incluso se acusa al país de no ser democrático.
-Claro. Acá se cierran 80 radios y no pasa nada. Entonces eso me llama la atención porque los periodistas tienen que defender a sus colegas y creo que esa ha podido ser la bomba más grande que puede existir: que un gobierno no permita editoriales contra su gestión.

-¿Entonces se han cerrado radios de oposición?
-Me parece que ese es el mensaje que está dando el gobierno. Preocupa que en un país democrático se esté clausurando emisoras.

-¿Los periodistas o dueños que hablaron con usted dicen que las críticas al gobierno fueron el detonante del cierre?
-La mayoría de ellos dice eso, por lo cual vamos a esperar y escuchar qué dice el ministro Cornejo al respecto porque me está llegando numerosa documentación de diferentes emisoras que han sido canceladas por esos motivos.

-¿Qué dicen los informes que ya llegaron a su despacho?
-El propietario de Bagua me dijo que ya fueron superados algunos problemas, pero que el cierre continúa. Entonces este es un rompecabezas y no saben a qué atenerse.

-¿Qué dice el resto?
-Algunos dueños me han llamado con argumentos similares pero les he pedido más información efectiva para saber si hay o no justificación alguna.

-¿Y en qué época fueron cerrados?
-En los últimos siete meses.

-¿Las clausuras tienen que ver con protestas contra la política del gobierno?
-Así es. Es el mismo concepto que yo manejo.

Libertad de prensa en retroceso

Un deterioro progresivo de las condiciones para la libertad de prensa se viene comprobando durante los últimos años en la región andina, y los países con mayores problemas en 2009 fueron Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela y después de ellos Bolivia.

Así lo señala un informe sobre libertad de expresión en la región andina presentado ante la Comisión Interamericana de derechos humanos el pasado 23 de marzo por el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, el Consorcio Desarrollo y Justicia de Venezuela, el Centro Derecho y Sociedad (Cides) de Ecuador y Freedom House de EEUU.

El informe hace referencia al proyecto de ley Nº 2993/2008-PE, que establecía una sanción de 3 a 5 años de cárcel para el que “reproduce o adquiere de forma directa e indirecta” registros de información obtenidos ilícitamente.

Con esto, el Ejecutivo pretendía imponer una sanción penal a aquellos periodistas o personas naturales que reciban y/o difundan materiales o documentos (como audios o videos) que contengan hechos de interés público (como actos de corrupción).

En el documento, también, se consigna el caso de la clausura de la radio La Voz de Bagua, así como otros casos de radioemisoras pequeñas y del interior del país que han sufrido intentos de clausura.

Lina Godoy
Redacción

Publica: La Primera (09/04/2010)

miércoles, 14 de abril de 2010

EL FASCISMO CONTRA GARZÓN


Ocurre en España un caso judicial que despierta interés mundial y puede resultar aleccionador para los países donde ha habido, o hay, crímenes contra los derechos humanos. Me refiero al juicio iniciado por el fascismo español contra el juez Baltasar Garzón.

Garzón es el juez que el 16 de octubre de 1998 logró el arresto del dictador y ladrón Augusto Pinochet, responsable de torturas y asesinatos de ciudadanos españoles.

Ahora, la extrema derecha judicial española quiere vengarse de ese logro, y ha enjuiciado a Garzón, por haberse declarado competente para investigar sobre el destino de 114,000 personas desaparecidas o enterradas en 19 fosas comunes bajo la dictadura del general Francisco Franco.

La derecha española afirma que los crímenes del fascismo franquista fueron ya sobreseídos por una ley de amnistía dada en 1977 en España.

El problema surge por el hecho de que, de acuerdo a la ley penal internacional, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Eso es algo que quita el sueño a Alan García, Agustín Mantilla y cómplices en el caso de El Frontón y otras matanzas.

El Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, establece que los crímenes de lesa humanidad, como la tortura, el asesinato, el exterminio y otros, no prescriben y que ninguna ley de amnistía puede absolverlos.

El plan de la derecha española es sacar de la carrera judicial al doctor Garzón.

Otro aspecto de esa estrategia franquista es el encubrimiento en un caso de corrupción política que abarca a destacados dirigentes del Partido Popular, acusados de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Garzón había influido en esa investigación, que ha bajado los bonos de la oposición derechista.

Hay en ese proceso un incidente que tiene curioso parecido con el caso de las pruebas robadas, adulteradas y desaparecidas en el proceso contra Rómulo León y otros. Hace pocos días, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió anular del sumario unas conversaciones en la cárcel entre los cabecillas de la red delictiva y sus abogados.

Esas conversaciones habían sido grabadas por orden de Garzón.

Al conocer la decisión de la Sala de lo Penal, el fiscal general del Estado español aseguró que existen “pruebas completamente independientes” de esas conversaciones que permitirán continuar la instrucción.

Un poco como acá se dice que existe la copia espejo que la Fiscalía tenía y entregó al Poder Judicial.

Acá, como en España, puede surgir la duda: ¿no aprovecharán los dos lados del caso, los apristas sospechosos y los responsables de Business Track, para invalidar pruebas y dilatar el proceso?

Entretanto, Jorge del Castillo, el político que más medios favorece y manipula, se empeña en proclamar su inocencia.

Publica: La Primera (14/04/2010)