El presidente García se jactó ayer, al ser consultado por los periodistas sobre la situación en Cuba, respecto a que en el Perú existe una irrestricta libertad de expresión, con partidos políticos que no tienen coacción y en el que se producen elecciones transparentes. Y añadió que lo que tiene nuestro país “lo quisiera para todo el mundo”.
Pero tal parece que el mandatario no está enterado de que uno de sus congresistas, Mauricio Mulder, es el autor de un proyecto de ley que echa sombras sobre ese respeto democrático del que tanto se ufana el Gobierno. Nos referimos al intento de crear una “Veeduría de Encuestas”.
El proyecto de marras no solo es desatinado, ya que interfiere en funciones de control del JNE. Va mucho más allá. Porque permitiría a los partidos políticos intervenir antes de que los sondeos se realicen o que sus resultados sean difundidos. Afecta también derechos fundamentales como la libertad de empresa, la libre contratación y la reserva del costo de elaboración de un servicio. Peor aún, entraña una censura previa al derecho a la libre circulación de la información.
Este proyecto –que se encuentra actualmente en las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento– no tiene precedentes conocidos en ninguna legislación electoral del mundo. No existe país en el que los partidos o candidatos estén autorizados a designar personeros ante las encuestadoras para verificar el trabajo que realizan ex ante.
Como señaló ayer el ex Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, ante un grupo de directores y editores de medios convocados por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados y el Consejo de la Prensa Peruana, el proyecto de Mulder –al que se han adherido congresistas de otras bancadas– es abiertamente anticonstitucional.
Sin duda, y de eso también se habló en la reunión organizada por Apeim y el CPP, a veces se producen errores en la interpretación y análisis de las encuestas de opinión, atribuibles tanto a las encuestadoras como al uso que hacen de ellas los medios. Pues para eso está la autorregulación. Y de hecho Apeim ya utiliza, desde enero de este año, un código de ética tendente a lograr una cierta estandarización en la metodología de los sondeos.
Cualquier control desde fuera, en especial uno tan grosero como el que plantea Mulder con el apoyo entusiasta de un puñado de legisladores, debe ser rechazado de plano. A este paso, no faltará quien proponga en el Congreso una “Veeduría de los Medios de Comunicación” para que los políticos intervengan en la elaboración de las noticias y titulares que dan cuenta del resultado de las encuestas. A otro perro con ese hueso...
Publica: La Razón (07/04/2010)
Pero tal parece que el mandatario no está enterado de que uno de sus congresistas, Mauricio Mulder, es el autor de un proyecto de ley que echa sombras sobre ese respeto democrático del que tanto se ufana el Gobierno. Nos referimos al intento de crear una “Veeduría de Encuestas”.
El proyecto de marras no solo es desatinado, ya que interfiere en funciones de control del JNE. Va mucho más allá. Porque permitiría a los partidos políticos intervenir antes de que los sondeos se realicen o que sus resultados sean difundidos. Afecta también derechos fundamentales como la libertad de empresa, la libre contratación y la reserva del costo de elaboración de un servicio. Peor aún, entraña una censura previa al derecho a la libre circulación de la información.
Este proyecto –que se encuentra actualmente en las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento– no tiene precedentes conocidos en ninguna legislación electoral del mundo. No existe país en el que los partidos o candidatos estén autorizados a designar personeros ante las encuestadoras para verificar el trabajo que realizan ex ante.
Como señaló ayer el ex Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, ante un grupo de directores y editores de medios convocados por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados y el Consejo de la Prensa Peruana, el proyecto de Mulder –al que se han adherido congresistas de otras bancadas– es abiertamente anticonstitucional.
Sin duda, y de eso también se habló en la reunión organizada por Apeim y el CPP, a veces se producen errores en la interpretación y análisis de las encuestas de opinión, atribuibles tanto a las encuestadoras como al uso que hacen de ellas los medios. Pues para eso está la autorregulación. Y de hecho Apeim ya utiliza, desde enero de este año, un código de ética tendente a lograr una cierta estandarización en la metodología de los sondeos.
Cualquier control desde fuera, en especial uno tan grosero como el que plantea Mulder con el apoyo entusiasta de un puñado de legisladores, debe ser rechazado de plano. A este paso, no faltará quien proponga en el Congreso una “Veeduría de los Medios de Comunicación” para que los políticos intervengan en la elaboración de las noticias y titulares que dan cuenta del resultado de las encuestas. A otro perro con ese hueso...
Publica: La Razón (07/04/2010)
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