Ocurre en España un caso judicial que despierta interés mundial y puede resultar aleccionador para los países donde ha habido, o hay, crímenes contra los derechos humanos. Me refiero al juicio iniciado por el fascismo español contra el juez Baltasar Garzón.
Garzón es el juez que el 16 de octubre de 1998 logró el arresto del dictador y ladrón Augusto Pinochet, responsable de torturas y asesinatos de ciudadanos españoles.
Ahora, la extrema derecha judicial española quiere vengarse de ese logro, y ha enjuiciado a Garzón, por haberse declarado competente para investigar sobre el destino de 114,000 personas desaparecidas o enterradas en 19 fosas comunes bajo la dictadura del general Francisco Franco.
La derecha española afirma que los crímenes del fascismo franquista fueron ya sobreseídos por una ley de amnistía dada en 1977 en España.
El problema surge por el hecho de que, de acuerdo a la ley penal internacional, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Eso es algo que quita el sueño a Alan García, Agustín Mantilla y cómplices en el caso de El Frontón y otras matanzas.
El Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, establece que los crímenes de lesa humanidad, como la tortura, el asesinato, el exterminio y otros, no prescriben y que ninguna ley de amnistía puede absolverlos.
El plan de la derecha española es sacar de la carrera judicial al doctor Garzón.
Otro aspecto de esa estrategia franquista es el encubrimiento en un caso de corrupción política que abarca a destacados dirigentes del Partido Popular, acusados de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Garzón había influido en esa investigación, que ha bajado los bonos de la oposición derechista.
Hay en ese proceso un incidente que tiene curioso parecido con el caso de las pruebas robadas, adulteradas y desaparecidas en el proceso contra Rómulo León y otros. Hace pocos días, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió anular del sumario unas conversaciones en la cárcel entre los cabecillas de la red delictiva y sus abogados.
Esas conversaciones habían sido grabadas por orden de Garzón.
Al conocer la decisión de la Sala de lo Penal, el fiscal general del Estado español aseguró que existen “pruebas completamente independientes” de esas conversaciones que permitirán continuar la instrucción.
Un poco como acá se dice que existe la copia espejo que la Fiscalía tenía y entregó al Poder Judicial.
Acá, como en España, puede surgir la duda: ¿no aprovecharán los dos lados del caso, los apristas sospechosos y los responsables de Business Track, para invalidar pruebas y dilatar el proceso?
Entretanto, Jorge del Castillo, el político que más medios favorece y manipula, se empeña en proclamar su inocencia.
Publica: La Primera (14/04/2010)
Garzón es el juez que el 16 de octubre de 1998 logró el arresto del dictador y ladrón Augusto Pinochet, responsable de torturas y asesinatos de ciudadanos españoles.
Ahora, la extrema derecha judicial española quiere vengarse de ese logro, y ha enjuiciado a Garzón, por haberse declarado competente para investigar sobre el destino de 114,000 personas desaparecidas o enterradas en 19 fosas comunes bajo la dictadura del general Francisco Franco.
La derecha española afirma que los crímenes del fascismo franquista fueron ya sobreseídos por una ley de amnistía dada en 1977 en España.
El problema surge por el hecho de que, de acuerdo a la ley penal internacional, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Eso es algo que quita el sueño a Alan García, Agustín Mantilla y cómplices en el caso de El Frontón y otras matanzas.
El Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, establece que los crímenes de lesa humanidad, como la tortura, el asesinato, el exterminio y otros, no prescriben y que ninguna ley de amnistía puede absolverlos.
El plan de la derecha española es sacar de la carrera judicial al doctor Garzón.
Otro aspecto de esa estrategia franquista es el encubrimiento en un caso de corrupción política que abarca a destacados dirigentes del Partido Popular, acusados de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Garzón había influido en esa investigación, que ha bajado los bonos de la oposición derechista.
Hay en ese proceso un incidente que tiene curioso parecido con el caso de las pruebas robadas, adulteradas y desaparecidas en el proceso contra Rómulo León y otros. Hace pocos días, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió anular del sumario unas conversaciones en la cárcel entre los cabecillas de la red delictiva y sus abogados.
Esas conversaciones habían sido grabadas por orden de Garzón.
Al conocer la decisión de la Sala de lo Penal, el fiscal general del Estado español aseguró que existen “pruebas completamente independientes” de esas conversaciones que permitirán continuar la instrucción.
Un poco como acá se dice que existe la copia espejo que la Fiscalía tenía y entregó al Poder Judicial.
Acá, como en España, puede surgir la duda: ¿no aprovecharán los dos lados del caso, los apristas sospechosos y los responsables de Business Track, para invalidar pruebas y dilatar el proceso?
Entretanto, Jorge del Castillo, el político que más medios favorece y manipula, se empeña en proclamar su inocencia.
Publica: La Primera (14/04/2010)
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