(El Comercio 30/04/2010) Sojuzgar y amedrentar a la prensa independiente ha sido históricamente la máxima pretensión y aspiración de ciertos presidentes latinoamericanos que si bien se dicen democráticos, en la práctica, son incapaces de tolerar la crítica y la fiscalización de la opinión pública. Tanto temen al escrutinio de los medios que en lugar de afrontar los problemas de fondo —que casi siempre los descalifican como gobernantes— culpan al mensajero de querer boicotearlos.
La receta es conocida. La han venido aplicando de manera consecutiva y permanente Hugo Chávez en Venezuela y Rafael Correa en Ecuador, quienes no solo han amenazado y cerrado varios periódicos y canales de televisión, sino que han dividido a la población en dos bandos: uno que los apoya y avala en sus artimañas contra la prensa, y otro que hace tiempo se dio cuenta de la vocación autoritaria de sus mandatarios.
Lo desalentador es que otros países de la región como Argentina estén dejando atrás su acrisolada tradición democrática, labrada en la lucha contra las dictaduras más feroces y asesinas, para imitar burdamente a autócratas de viejo cuño, que ponen en riesgo las libertades de expresión, prensa y empresa.
La situación es crítica: los esposos Cristina y Néstor Kirchner arremeten periódicamente contra el periodismo en general, y contra el diario de oposición “Clarín” en particular sea por revanchismo o para ocultar sus propios vacíos políticos.
Así, en octubre del año pasado, impulsaron una Ley de Medios Audiovisuales para poner cortapisas a la prensa bajo la engañosa premisa de democratizar el acceso a la información. Luego, en una reprobable y extravagante intervención, el Gobierno Argentino ordenó que la legión de inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos —la Sunat peruana— se apersonara en las instalaciones de “Clarín” para intervenirlo, en una decisión inexplicable que luego tuvo que reconocerse como error.
Antes, los Kirchner se involucraron directamente en la intimidad de la propietaria del diario, pusieron en entredicho las condiciones en que adoptó a sus hijos, acusándola de haberlos secuestrado a sus padres legítimos durante la dictadura militar. Con estos agravantes, lo siguiente ha sido alentar a las Madres de Mayo para que, en un mal llamado juicio popular y con su cuestionada agenda, acusen a la prensa de haber colaborado con los militares; un acto alentado directamente por el Ejecutivo .
Ningún gobierno democrático puede atentar contra las libertades de prensa y expresión, restringir el pluralismo crítico y pelearse abiertamente con un medio de comunicación, achachándole sus errores. Argentina debe restablecer el diálogo con los gremios periodísticos, incluyendo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que ya ha expresado su rechazo y extrañeza por la arremetida de los Kirchner contra los medios.
La prensa peruana, que ha vivido en carne propia los abusos de las dictaduras militares y civiles, se solidariza con los periodistas argentinos y hace votos porque se garantice, acá y allá, el respeto a libertades fundamentales, base del sistema democrático. A propósito, está pendiente la visita al Perú de una misión de la SIP para evaluar in situ varios casos que entrañan grave riesgo para la libertad de prensa y de empresa, que deben ser esclarecidos.
